El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará una orden ejecutiva para suspender temporalmente la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), una normativa vigente desde 1977 que prohíbe a empresas y ciudadanos estadounidenses ofrecer sobornos a funcionarios extranjeros con el fin de obtener o retener negocios.
Según informó Bloomberg News, la orden instruirá a la fiscal general Pam Bondi a detener las acciones legales en curso bajo esta ley y a revisar tanto los casos actuales como los pasados, con el objetivo de establecer nuevas directrices para su aplicación.
La administración Trump argumenta que la FCPA impone una desventaja competitiva a las empresas estadounidenses frente a sus rivales internacionales, que operan en mercados con regulaciones menos estrictas. De acuerdo con un documento oficial citado por Bloomberg, la normativa “limita la capacidad de las compañías estadounidenses para competir en igualdad de condiciones, creando una desigualdad en el mercado”.
La suspensión de la ley busca evaluar posibles modificaciones que la alineen con los intereses económicos y de seguridad nacional de Estados Unidos. Un funcionario de la Casa Blanca confirmó a CNBC que el gobierno pretende flexibilizar su aplicación sin comprometer los principios de transparencia en los negocios internacionales.
Desde su promulgación en 1977, la FCPA ha sido un pilar en la lucha contra la corrupción corporativa, prohibiendo no solo sobornos directos, sino también ofertas, planes o autorizaciones de pagos indebidos. Las sanciones para los infractores incluyen hasta 15 años de prisión y multas de hasta 250.000 dólares para individuos, mientras que las corporaciones pueden enfrentar sanciones significativamente mayores.
En los últimos años, el Departamento de Justicia ha intensificado la aplicación de la FCPA. Solo en 2024 se anunciaron 24 casos de presuntas violaciones, en comparación con los 17 registrados en 2023.
Mientras que algunos sectores empresariales han recibido la noticia con alivio, expertos en regulación advierten que una relajación de la ley podría generar riesgos reputacionales para las empresas estadounidenses y provocar represalias regulatorias en otros países. La orden ejecutiva será firmada el próximo lunes.
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