Washington, D.C. – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró oficialmente “terminadas” las hostilidades con Irán mediante una carta enviada al Congreso, evitando así el plazo legal que le obligaba a solicitar autorización legislativa para continuar el conflicto.


La comunicación fue dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al presidente pro tempore del Senado, Chuck Grassley, justo al cumplirse los 60 días desde la notificación formal del inicio de las operaciones militares, conforme a la Resolución de Poderes de Guerra de 1973.

Según la Casa Blanca, el plazo no aplica debido a que las hostilidades cesaron en la práctica tras un alto el fuego vigente desde principios de abril. “No ha habido intercambio de disparos desde el 7 de abril de 2026”, afirmó Trump en la misiva.


El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respaldó esta interpretación al señalar que el cese al fuego detiene el conteo del plazo legal. Sin embargo, expertos jurídicos y legisladores cuestionaron esa postura, indicando que la ley no contempla pausas en el límite de 60 días.


El senador demócrata Tim Kaine afirmó que la legislación no respalda esa interpretación, mientras que Richard Blumenthal sostuvo que “no hay botón de pausa” en la Constitución ni en la ley.

Aunque Trump declaró el fin de las hostilidades, reconoció que la amenaza iraní “sigue siendo significativa”. Actualmente, Estados Unidos mantiene operaciones como el bloqueo naval para limitar la salida de petróleo iraní, mientras Irán conserva el control del estratégico estrecho de Ormuz.

El mandatario descartó solicitar autorización al Congreso, argumentando que la Resolución de Poderes de Guerra de 1973 es “inconstitucional”, una postura que también han sostenido expresidentes como Bill Clinton y Barack Obama.


En el Congreso, la falta de consenso persiste. El líder republicano del Senado, John Thune, descartó una votación inmediata, aunque varios legisladores de ambos partidos han expresado preocupación por la prolongación del conflicto y sus efectos económicos.


Entre ellos, la senadora Susan Collins subrayó que el plazo legal “no es una sugerencia, es un requisito”, mientras otros legisladores han condicionado su apoyo a una eventual autorización formal del uso de la fuerza militar.


La situación refleja un nuevo choque institucional entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en torno a los límites constitucionales para el uso de la fuerza, en medio de un conflicto que, aunque declarado finalizado, mantiene tensiones activas en la región.