Crímenes vinculados al narcotráfico exponen escalada de violencia extrema en Costa Rica

 

San José, Costa Rica. – El asesinato de Pamela Royo Solano, ocurrido en Turrialba en junio de 2024, ha puesto en evidencia el nivel de violencia extrema con el que operan estructuras del narcotráfico en el país, así como la creciente vulnerabilidad de mujeres en este tipo de crímenes.

Las investigaciones, lideradas por el Organismo de Investigación Judicial, identificaron a dos hermanos como principales sospechosos, vinculados a la estructura criminal de Jorge David Núñez Aguilar, quien mantiene nexos con el prófugo Alejandro Arias Monge.

De acuerdo con las autoridades, el crimen fue planificado como represalia y mensaje de intimidación dentro de disputas territoriales por la venta de drogas. La víctima fue decapitada, y partes de su cuerpo fueron abandonadas en distintos puntos de la zona, generando conmoción en la comunidad.

El director interino del Organismo de Investigación Judicial, Michael Soto, calificó el hecho como “atroz, cruel y pocas veces visto en el país”, destacando su impacto social.

Redes criminales y participación de menores

Durante el proceso investigativo, las autoridades también detectaron la implicación de menores de edad, actualmente bajo detención provisional por delitos relacionados. Estas acciones permitieron desarticular una célula vinculada directamente a la organización de “Coco Pastilla”.

El caso guarda relación con otros hechos violentos, como el asesinato de Jazmín Torres Rankin en 2023, ocurrido dentro de un centro educativo en Tortuguero de Pococí. En ese hecho, sicarios ejecutaron a la víctima en plena aula, presuntamente bajo órdenes de Alejandro Arias Monge.

Por este crimen fue condenado a 30 años de prisión Torres Flores, identificado como el autor material del homicidio.

“Diablo”, objetivo internacional

La figura de Alejandro Arias Monge se posiciona como un eje central en la red criminal investigada. Es requerido por la Administración para el Control de Drogas, el Ministerio Público y el OIJ por delitos relacionados con narcotráfico, homicidios y lavado de dinero.

En 2025, la DEA ofreció una recompensa de hasta 500,000 dólares por información que conduzca a su captura, señalándolo como uno de los principales responsables del aumento de la violencia ligada al crimen organizado en la región.

Escalada de violencia

Las autoridades advierten que estos casos reflejan un patrón de violencia cada vez más agresivo, utilizado por las organizaciones criminales para controlar territorios y enviar mensajes de poder.

Los recientes hechos han evidenciado tanto la capacidad operativa de estas redes como los desafíos que enfrentan las autoridades para capturar a los autores intelectuales, muchos de los cuales permanecen prófugos.

El caso de Pamela Royo Solano se suma así a una serie de episodios que han marcado un punto de inflexión en la seguridad de Costa Rica, generando preocupación sobre la expansión del crimen organizado y su impacto en la sociedad.