Extorsiones en Guatemala bajan 30% en enero de 2026, según CIEN

 

GUATEMALA. – Las denuncias por extorsión en Guatemala registraron una disminución del 30,48 % entre enero de 2025 y enero de 2026, de acuerdo con un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

Según el reporte, en enero de 2025 se contabilizaron 2,457 denuncias por este delito, mientras que en el mismo mes de 2026 la cifra descendió a 1,708. La reducción también se reflejó en la tasa por cada 100 mil habitantes, que pasó de 141,3 a 138,4 en el mismo período.

A pesar de esta disminución, el CIEN señaló que la extorsión continúa siendo uno de los delitos que más impacta a la población y a las actividades económicas del país. El análisis mensual indica que durante 2025 varios meses superaron las dos mil denuncias, alcanzando su punto más alto en julio con 2,717 casos reportados.

En relación con los homicidios, el informe detalla que durante enero de 2026 se registraron 204 asesinatos en el país, de los cuales el 57 % se concentró en diez municipios. Entre las localidades con mayor incidencia figuran el municipio de Guatemala City, Villa Nueva y Escuintla, que encabezan la lista con 43, 17 y 12 casos respectivamente.

A nivel departamental, los territorios con mayor número de homicidios fueron Departamento de Guatemala con 105 casos y Departamento de Escuintla con 28, seguidos por Petén, Chiquimula y Quetzaltenango, entre otros.

El informe también advierte sobre el aumento de los femicidios en el país. De acuerdo con el monitoreo anual del CIEN, los casos pasaron de 180 en 2024 a 206 en 2025, lo que representa un incremento del 14,4 %. Esta tendencia preocupa a organizaciones sociales y de derechos humanos, que han reiterado la necesidad de fortalecer la prevención de la violencia de género.

Los datos reflejan que, aunque algunos delitos muestran señales de reducción, la extorsión, el aumento de los femicidios y la concentración de homicidios en determinadas zonas continúan siendo desafíos clave para la seguridad ciudadana en Guatemala. Expertos señalan que enfrentar estas problemáticas requiere políticas públicas integrales, mayor prevención y una coordinación más efectiva entre las instituciones responsables de la seguridad y la justicia.