Nicaragua prepara reforma para excluir de elecciones a opositores desnacionalizados

 

MANAGUA, Nicaragua.- La Asamblea Nacional de Nicaragua prevé aprobar el 21 de septiembre, en primera legislatura, una reforma constitucional que impediría participar en futuros procesos electorales a opositores que hayan sido desnacionalizados y declarados oficialmente como “traidores a la patria”.

El presidente del Parlamento, Gustavo Porras, informó que las consultas sobre las enmiendas concluirán el próximo 1 de septiembre, tras lo cual la propuesta será sometida a votación.

La iniciativa, promovida por el régimen de Daniel Ortega, requiere ser aprobada en dos legislaturas distintas para modificar formalmente la Constitución y entrar en vigor.

El debate ocurre en un contexto de creciente preocupación internacional por el rumbo político de Nicaragua, especialmente después de que Ortega afirmara en julio que en el país “no volverá a haber elecciones”, declaraciones que provocaron una reacción de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Diversos gobiernos y organismos internacionales, entre ellos Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Chile, Brasil, la Unión Europea y Naciones Unidas, han expresado preocupación por la situación política y democrática nicaragüense.

Elecciones bajo incertidumbre

Nicaragua tenía previsto celebrar elecciones generales en noviembre de 2026, pero reformas constitucionales anteriores extendieron el actual período presidencial y trasladaron los comicios a noviembre de 2027.

El oficialismo sostiene que la nueva reforma busca proteger la soberanía nacional. Sin embargo, sectores críticos consideran que la medida podría reducir la competencia política y fortalecer el control del poder por parte del Gobierno.

De aprobarse en ambas legislaturas, la exclusión de los opositores desnacionalizados quedaría incorporada a la Constitución.

Daniel Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 y, desde 2017, comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo, quien asumió la figura de copresidenta tras las reformas constitucionales de 2025.

El proceso legislativo de las próximas semanas será determinante para definir el alcance de la reforma y sus posibles efectos sobre la participación política y el futuro electoral de Nicaragua.