Heredia, Costa Rica. – El Tribunal Penal de Heredia condenó a Jeremy Mauricio Buzano Paisano a 79 años de prisión por el femicidio de su expareja, Nadia Jeanette Peraza Espinoza, en un caso que ha generado gran conmoción en el país por la gravedad de los hechos.
La sentencia fue dictada de manera unánime por los jueces Hanzel Araya, Guillermo Arce y Andrea Fonseca, quienes lo hallaron culpable de múltiples delitos, incluyendo femicidio, estafa informática y suplantación de identidad. No obstante, conforme a la legislación costarricense, el imputado deberá cumplir un máximo efectivo de 50 años de cárcel.
Además, el tribunal ordenó el pago de una indemnización de 125 millones de colones, equivalente a unos 260 mil dólares, por concepto de daño moral a favor de la familia de la víctima.
De acuerdo con la investigación, el crimen ocurrió entre el 22 y el 23 de febrero de 2024. La joven, de 22 años, fue reportada como desaparecida días después por sus familiares, lo que dio inicio a un proceso de búsqueda que culminó con un hallazgo estremecedor.
El 17 de mayo de ese mismo año, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) localizaron restos humanos en una vivienda en Heredia, ocultos dentro de una refrigeradora. Posteriormente, otros restos fueron encontrados en las cercanías, confirmándose la identidad de la víctima mediante análisis forenses.
Las autoridades determinaron que, tras cometer el crimen, el condenado desmembró el cuerpo e intentó ocultar las evidencias. Asimismo, utilizó dispositivos electrónicos y cuentas personales de la víctima para simular que seguía con vida, enviando mensajes a familiares con el objetivo de desviar la investigación.
Durante el juicio también se evidenció un historial de violencia en la relación, incluyendo agresiones físicas y psicológicas previas. La víctima, madre de una menor, había sido objeto de intervenciones por parte de entidades de protección infantil debido a situaciones de riesgo.
El tribunal consideró que las pruebas presentadas fueron contundentes y suficientes para establecer la responsabilidad penal del acusado en uno de los casos más impactantes registrados recientemente en Costa Rica.
Este fallo marca un precedente en la lucha contra la violencia de género y refuerza el llamado a fortalecer las medidas de prevención, protección y justicia para las víctimas de femicidio en la región.
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