Desalojo en El Palmar reaviva conflicto por la tierra en el norte de Honduras

 Cortés, Honduras. – El desalojo masivo ejecutado este martes en la colonia El Palmar, ubicada en Cofradía, departamento de Cortés, reavivó la controversia nacional sobre el acceso a la tierra y puso en evidencia la vulnerabilidad de comunidades históricamente asentadas en zonas en disputa en el norte de Honduras.

Más de dos décadas después de que decenas de familias se establecieran en el lugar, una orden judicial fue ejecutada bajo un fuerte despliegue policial, obligando a los residentes a abandonar sus viviendas en medio de enfrentamientos, uso de gas lacrimógeno y denuncias de presuntos excesos por parte de las fuerzas de seguridad. El operativo, iniciado en horas de la madrugada, incluyó tanquetas, maquinaria pesada y personal antimotines, y se desarrolló bajo la supervisión de un juez ejecutor y la presencia de representantes de organismos de derechos humanos.

Hasta el cierre de la jornada, no se había informado sobre planes de reubicación ni de asistencia humanitaria inmediata para las familias afectadas, muchas de las cuales permanecían en las inmediaciones del sector observando la demolición de sus casas y resguardando parte de sus pertenencias.

La defensora de los pobladores, Elda Hernández, informó que sus representados presentaron documentación ante el Instituto de Conservación Forestal (ICF) con el objetivo de obtener autorización legal para permanecer en el predio y solicitó la suspensión del desalojo hasta que concluyan los trámites administrativos pendientes. Hernández sostuvo que el área corresponde a una reserva estatal y no a supuestos propietarios privados, y abogó por una delimitación precisa del terreno para identificar las zonas ocupadas por las viviendas y aquellas reclamadas por terceros, lo que —a su juicio— reduciría el impacto sobre familias asentadas desde hace años sin acceso a vivienda formal.

Por su parte, el portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, aseguró que los agentes actuaron conforme a una resolución emitida por el Poder Judicial. “Existe una orden de desalojo que debe ejecutarse. La causa es conocida por los tribunales y este procedimiento se está realizando con la presencia de un juez ejecutor y representantes de derechos humanos”, afirmó. Barahona precisó que el proceso legal se inició en 2017 y que se otorgaron plazos para un desalojo voluntario que no fueron acatados, lo que motivó la intervención forzosa.

Durante el operativo se registraron momentos de alta tensión. Algunos residentes intentaron impedir el avance de la maquinaria, mientras otros denunciaron agresiones físicas y el uso indiscriminado de gas lacrimógeno. Testimonios recogidos por medios locales relatan afectaciones a mujeres, niños y personas adultas mayores, incluyendo casos de menores que habrían inhalado gases durante los enfrentamientos. Las autoridades confirmaron la detención de varias personas por confrontaciones con los agentes, aunque negaron, hasta ese momento, la existencia de heridos de gravedad.

El conflicto en El Palmar tiene su origen en la disputa por la titularidad de los terrenos, reclamada por terceros como propiedad privada, mientras que los asesores de las familias desalojadas sostienen que se trata de una reserva natural perteneciente al Estado. Organizaciones sociales advierten que este tipo de situaciones es recurrente en el norte del país, donde la expansión urbana y la falta de políticas de vivienda empujan a cientos de familias a ocupar terrenos en condición irregular.

A la fecha del operativo, el Poder Judicial no se había pronunciado sobre la solicitud de usufructo presentada por los pobladores ante el ICF ni sobre la posible adopción de medidas cautelares. El episodio de El Palmar profundiza la brecha entre comunidades desplazadas y autoridades estatales, en un contexto marcado por la incertidumbre jurídica y la ausencia de soluciones habitacionales sostenibles a largo plazo.