Caracas, Venezuela.– La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora de Venezuela, denunció este jueves como “inconstitucional y aberrante” la condena de 30 años de prisión impuesta a Rafael Tudares Bracho, yerno del presidente electo Edmundo González Urrutia, tras un juicio calificado por su familia y su defensa como exprés, irregular y carente de garantías básicas.
La alianza política afirmó que la sentencia forma parte de una campaña de persecución y venganza por parte del régimen de Nicolás Maduro, dirigida contra familiares y colaboradores de dirigentes opositores.
Un juicio sin garantías
A través de un comunicado difundido en X, la PUD aseguró que el proceso judicial avanzó en menos de 48 horas, con una audiencia principal que se extendió por más de 12 horas y que, según denuncian, se realizó sin acceso al expediente, sin derecho a escoger defensa privada y sin permitir a la familia revisar las actas.
“Nicolás Maduro utiliza el poder judicial como instrumento de persecución, imponiendo condenas mediante un juicio exprés”, expresó la coalición.
Mariana González, hija del presidente electo y esposa del condenado, afirmó que ni ella ni sus abogados pudieron acceder al expediente desde septiembre y nunca se les permitió designar un abogado particular.
“La decisión fue notificada únicamente por vía telemática, y Rafael fue condenado tras una sola audiencia”, señaló en un comunicado difundido en redes sociales.
Cargos cuestionados y denuncias de persecución
Tudares Bracho fue detenido el 7 de enero, días antes de la toma de posesión de Maduro para un tercer mandato. Los cargos incluyen conspiración y asociación delictiva, acusaciones que la familia considera infundadas y políticamente motivadas.
Según sus allegados, el proceso estaría dirigido a intimidar y castigar a opositores, ya que el acusado no mantiene relación con las personas ni hechos mencionados en la acusación.
El presidente electo Edmundo González Urrutia calificó la sentencia como una represalia orientada a “distorsionar la voluntad expresada por los venezolanos el 28 de julio de 2024”, fecha en la que el Consejo Nacional Electoral ratificó la reelección cuestionada de Maduro.
“Utilizar el sistema de justicia para castigar a terceros confirma la confusión entre poder e impunidad que tanto daño le ha hecho al país”, señaló.
Otra sentencia polémica y alerta de organizaciones de derechos humanos
La PUD también rechazó la reciente condena a 20 años de prisión contra Luis Guillermo Istúriz, militante de Vente Venezuela y colaborador de la líder opositora María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025.
La oposición denunció que ambos casos forman parte de una política sistemática de represión y criminalización de voces críticas.
Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos alertaron sobre:
- Uso del sistema penal como herramienta de intimidación
- Juicios expeditivos sin garantías
- Impedimentos para la defensa técnica
- Incomunicación de los detenidos
Mariana González advirtió además que no ha podido mantener comunicación directa con su esposo y denunció que estas acciones buscan quebrar el tejido familiar y político de la disidencia.
Exigen revisión inmediata
La Plataforma Unitaria Democrática exigió la revisión urgente de los procesos judiciales y el restablecimiento pleno de las garantías constitucionales en Venezuela, reiterando la inocencia de Tudares Bracho y el carácter político de las condenas.
(Con información de EFE)
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