Más de 800 presos colombianos fueron deportados desde Ecuador a través del paso fronterizo de Rumichaca, en la provincia ecuatoriana de Carchi, en una operación masiva de traslado que generó fricciones diplomáticas entre los gobiernos de Gustavo Petro y Daniel Noboa.
La acción, ejecutada bajo fuerte custodia policial y militar ecuatoriana, se realizó en medio de una nota de protesta oficial del Gobierno colombiano, que alegó que la deportación se hizo de forma unilateral, sin acuerdo previo ni protocolo bilateral. Según la Cancillería colombiana, la entrega de los reclusos constituye un "gesto inamistoso" y una vulneración del derecho internacional. La entidad afirmó estar evaluando acciones para responder ante la situación.
De acuerdo con Diana Pozo, gobernadora de Carchi, más de 800 personas privadas de libertad fueron movilizadas hasta la frontera, muchos de ellos vistiendo uniformes naranjas. Algunos, expuestos al frío de la madrugada andina con camisetas y pantalones cortos, pidieron a gritos el paso hacia su país mientras esperaban la recepción por parte de autoridades colombianas.
Una fuente de la Gobernación de Carchi indicó que la cifra de deportados podría alcanzar los 870, lo que representa cerca del 60% de los colombianos recluidos en cárceles ecuatorianas. La gobernadora sostuvo que el procedimiento se realizó en coordinación con Migración para evitar congestiones en el puente fronterizo, aunque desde Colombia se afirma que no hubo aviso formal ni planificación compartida.
Funcionarios locales del municipio colombiano de Ipiales señalaron que se vieron obligados a improvisar una respuesta humanitaria. El alcalde Amilcar Pantoja aseguró que están preparados para recibir a más de 1,000 connacionales, mientras el secretario de Gobierno, Juan Morales, lamentó la falta de coordinación.
El gobierno ecuatoriano defendió su proceder, argumentando que las deportaciones fueron notificadas desde el 8 de julio y se realizaron respetando los derechos humanos, con resoluciones individuales y boletas judiciales de excarcelación. Rechazaron que se tratara de una deportación colectiva y reafirmaron el cumplimiento del debido proceso.
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa ya había anunciado su intención de reducir el hacinamiento carcelario mediante la repatriación de presos extranjeros, en particular colombianos. En contraste, el mandatario colombiano Gustavo Petro insistió en la necesidad de establecer mecanismos conjuntos que respeten los derechos de los nacionales.
Aunque el jueves Colombia reconoció haber recibido información sobre la intención de Ecuador de iniciar el proceso, reiteró que no existía un acuerdo para su ejecución. La controversia mantiene en vilo la cooperación bilateral en materia penitenciaria y migratoria, mientras organismos de derechos humanos siguen de cerca el desarrollo de los acontecimientos y las condiciones de los repatriados.
0 Comentarios