Cochabamba, Bolivia. – En menos de dos semanas, tres personas han sido asesinadas en la región cocalera del trópico de Cochabamba, en hechos que reflejan el alarmante repunte de la violencia comunitaria y la persistencia de los linchamientos como forma de "justicia" popular. Las víctimas fueron acusadas de robo de vehículos y sometidas a brutales agresiones por grupos de civiles.
El caso más reciente fue reportado el pasado fin de semana en la localidad de Ivirgarzama, donde el cuerpo de un hombre fue hallado con signos de violencia, quemaduras y ataduras en pies y manos. Según informes preliminares, la víctima fue interceptada por un grupo de personas cuando se encontraba en su vehículo. Los atacantes lo acusaron de robo, lo agredieron y posteriormente incendiaron la camioneta en la que se trasladaba.
Imágenes del hecho circularon en redes sociales, mostrando el cuerpo tendido junto al vehículo calcinado. Las autoridades del Ministerio Público confirmaron la conformación de una comisión especial para investigar el caso.
Este hecho se suma al linchamiento de dos hombres ocurrido el 27 de junio en Shinahota, localidad ubicada a unos 40 kilómetros de Ivirgarzama. Las víctimas, identificadas como Richard Alca Mamani Rojas y Richard Romero Alá, murieron por golpes contundentes y signos de ahorcamiento tras ser señalados por vecinos como responsables del robo de dinero y vehículos. Se presume que un tercer implicado fue secuestrado, torturado y llevado con rumbo desconocido. Su paradero sigue sin conocerse.
La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado condenando enérgicamente estos hechos y señalando que reflejan una grave crisis de confianza en las instituciones judiciales. “Ningún delito, por grave que sea, justifica el sufrimiento cruel e inhumano de otro ser humano”, expresó la entidad, que pidió una intervención urgente del Ministerio Público y la Policía.
A pesar de la gravedad de los hechos, las regiones afectadas no cuentan con presencia policial permanente desde finales de 2023. El repliegue de agentes se habría producido debido a amenazas de sectores afines al expresidente Evo Morales. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, señaló que el retorno de los uniformados está condicionado a que se garantice su seguridad y la de sus familias.
Por su parte, el viceministro de Régimen del Interior, Jhonny Aguilera, declaró al diario El Deber que en el trópico de Cochabamba existe “un control político del territorio”, lo que obstaculiza el accionar de las fuerzas del orden. Según el funcionario, este entorno de resistencia estaría vinculado a organizaciones “paraestatales” que buscan evitar el control de actividades ilícitas.
El fenómeno del linchamiento sigue siendo una de las manifestaciones más preocupantes de justicia por mano propia en Bolivia. Aunque el Estado boliviano ha condenado reiteradamente estos actos, la impunidad persiste debido a la dificultad para identificar a los responsables dentro de las multitudes que protagonizan las agresiones.
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