Ambos se encuentran prófugos de la justicia y el Departamento de Estado estadounidense ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por la captura de cada uno.
Además, fueron incluidos en la lista de sanciones tres individuos vinculados a la red criminal, entre ellos Sheila Paola Urías Vázquez, maquillista radicada en Mazatlán, identificada como esposa de José Raúl Núñez Ríos, conocido como "El Lic". Núñez, según el informe, habría utilizado una red de empresas de construcción, hotelería e inmobiliarias para lavar dinero producto del narcotráfico.
La OFAC acusa a Urías Vázquez de operar como testaferro de su esposo, figurando como propietaria nominal de al menos diez empresas que ahora también han sido sancionadas por el gobierno estadounidense. Entre ellas se encuentran spas, clubs de playa, inmobiliarias y constructoras establecidas en Mazatlán y otras localidades de Sinaloa.
El informe también señala a Víctor Manuel Barraza Pablos, alias "El 40", como jefe de plaza de Los Chapitos en Mazatlán. Barraza estaría implicado en actividades violentas, incluyendo homicidios, secuestros y extorsiones, y sería financiado por el empresario Núñez Ríos.
Estas revelaciones surgen tras una campaña anónima de volantes distribuida en septiembre de 2024 en distintos municipios de Sinaloa, en la que se vinculaba públicamente a Sheila Urías, José Raúl Núñez y Víctor Manuel Barraza con la estructura criminal de Los Chapitos, además de mencionar a conocidos influencers y figuras políticas.
Las sanciones buscan limitar las operaciones financieras y empresariales de estos individuos, y forman parte de una ofensiva más amplia de las autoridades estadounidenses para frenar el flujo de fentanilo y desmantelar las redes económicas que sostienen al Cártel de Sinaloa.
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