Londres – El Parlamento del Reino Unido aprobó este sábado una ley de emergencia que permitirá al Gobierno tomar el control temporal de la siderúrgica British Steel, con el objetivo de evitar su inminente cierre tras el fracaso de las negociaciones con su actual propietaria, la empresa china Jingye. La medida fue adoptada en una sesión extraordinaria, con el respaldo de la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores.
Una vez la ley sea sancionada por el rey Carlos III, el Ejecutivo británico asumirá la gestión de la planta ubicada en Scunthorpe, en el noreste de Inglaterra, asegurando la continuidad de sus operaciones y protegiendo más de 2.700 puestos de trabajo. Sin embargo, el Gobierno deberá decidir posteriormente si buscará un comprador privado, si optará por una fórmula mixta entre inversión pública y privada, o si avanzará hacia una nacionalización definitiva.
La intervención legislativa llega en un contexto crítico para la empresa, que a finales de marzo anunció su intención de cerrar sus hornos y reducir su capacidad operativa tras acumular pérdidas diarias estimadas en 700.000 libras esterlinas, pese a inversiones de más de 1.200 millones en los últimos cuatro años. La firma alegó que la producción actual ya no era financieramente sostenible.
Desde el Gobierno, se afirmó que se hicieron esfuerzos sustanciales para evitar este desenlace, incluyendo una propuesta de apoyo económico “generosa y razonable” que no logró revertir la decisión de la compañía china, que ya había comenzado a reducir la compra de materias primas como parte de un plan para detener completamente la producción.
El cierre total de British Steel habría dejado al Reino Unido como el único país del Grupo de los Siete sin capacidad nacional para producir acero, lo cual podría haber tenido serias repercusiones para sectores clave como el ferroviario y la construcción de infraestructura.
La urgencia de la situación llevó al Parlamento a sesionar durante el receso de Semana Santa, algo que no ocurría desde la guerra de las Malvinas en 1982. El ministro de Empresa, Jonathan Reynolds, justificó la medida afirmando que se trata de “momentos excepcionales que requieren respuestas excepcionales”.
Tras la aprobación parlamentaria, el primer ministro Keir Starmer se trasladó a Scunthorpe para visitar los altos hornos y reunirse con trabajadores de la planta. Durante su intervención, destacó el compromiso del Gobierno con las comunidades locales y reconoció la labor de quienes han sostenido la industria durante años.
“Ustedes son la columna vertebral de British Steel. Sus empleos, sus familias y sus comunidades son lo que realmente importa”, expresó el mandatario ante los empleados.
La decisión marca un momento clave para la política industrial del Reino Unido, al tiempo que reabre el debate sobre el papel del Estado en sectores estratégicos de la economía nacional.
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