Un informe reciente del Atlantic Council documenta desapariciones forzadas, torturas y trabajo forzado como parte de una estrategia de limpieza étnica dirigida contra la población uigur en la región de Xinjiang, China. Durante casi nueve años de detenciones masivas, las políticas represivas del gobierno chino han intensificado las violaciones sistemáticas de derechos humanos, según Rayhan Asat, líder del China Project en el Strategic Litigation Project del Atlantic Council.
El informe destaca múltiples abusos, como persecución transnacional, restricciones a los derechos reproductivos y la explotación económica de las familias de los detenidos. Estas prácticas, que incluyen el uso de trabajo forzado, forman parte de un esquema de limpieza étnica que busca desintegrar a la comunidad uigur.
Un análisis del Programa de Estudios sobre Genocidio de Yale señala que, aunque los uigures constituyen menos del 1 % de la población china, representan el 34 % de las encarcelaciones en el país, lo que los sitúa como el grupo étnico más encarcelado del mundo. Más de 500,000 uigures estaban detenidos en 2022, y se estima que las políticas de Beijing podrían costarle a esta comunidad 4.4 millones de años de vida colectiva.
En un ejemplo reciente de las tácticas represivas del gobierno, un video de propaganda chino mostró confesiones forzadas de dos prisioneros políticos uigures desaparecidos desde 2009, un método utilizado para desacreditar a los disidentes.
Repatriación Forzada y Complicidad Internacional
El informe también detalla la cooperación entre China y Tailandia en la repatriación forzada de refugiados uigures, violando el derecho internacional. Decenas de ellos murieron tras ser devueltos a China, mientras otros permanecen detenidos en condiciones precarias.
Respuesta Internacional y Llamados a la Acción
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha advertido que las políticas de China en Xinjiang podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el régimen chino ha restringido el acceso a la región, impidiendo inspecciones significativas y desafiando las solicitudes de la ONU.
Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, reiteró en agosto de este año que el acceso efectivo a Xinjiang sigue siendo denegado, mientras defensores de derechos humanos como Rayhan Asat instan a la comunidad internacional a actuar con firmeza. Asat subrayó que la ONU tiene la responsabilidad de exigir rendición de cuentas y poner fin a la impunidad.
La situación de los uigures en Xinjiang plantea un llamado urgente a la acción global para abordar estas graves violaciones de derechos humanos y buscar justicia para las víctimas.
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