El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció ser víctima de una persecución política ordenada por el gobierno de Luis Arce, luego de que surgiera una investigación en su contra por los delitos de estupro, trata y tráfico de personas. Esta denuncia fue presentada por su equipo legal, que señaló que se ha emitido una orden de captura en su contra.
Uno de sus abogados, Orlando Ceballos, calificó la situación como una "vendetta" por la reciente "Marcha para salvar Bolivia", y aseguró que no existe denuncia formal en contra de Morales. Según Ceballos, el gobierno de Arce está utilizando mecanismos judiciales de manera abusiva para eliminar jurídicamente al ex mandatario.
La fiscal Sandra Gutiérrez, quien lideraba el caso, denunció haber sido destituida tras emitir una orden de aprehensión contra Morales. Gutiérrez indicó que se negaron a interrumpir el proceso, lo que resultó en su salida forzada. Morales, por su parte, aseguró en redes sociales que no tiene miedo y continuará luchando junto al pueblo.
El equipo legal de Morales rechaza las acusaciones y considera que esta acción forma parte de una estrategia para silenciarlo, mientras continúan las tensiones políticas en Bolivia en medio de la investigación.
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