Teófilo Abreu
Echarlos a tiros, sin importar las consecuencias, debió ser la respuesta de los cuerpos armados de República Dominicana a los supuestos policías haitianos que, valiéndose no se sabe de qué autoridad o mandato, penetraron violentamente a nuestro territorio, por la zona fronteriza de Dajabón, donde agredieron a comerciantes dominicanos y destruyeron sus mercancías.
No se trató de un simple hecho vandálico, que pudiera ser atribuido a alguna de las bandas criminales que se anidan en las madrigueras haitianas, sino un grosero atentado a la soberanía de nuestro país, que de ninguna manera puede ni debe ser pasado por alto por ningún gobierno que se respete y que respete a sus ciudadanos.
Para muy pocos dominicanos ha tenido algún efecto convincente la advertencia del presidente Luis Abinader, en el sentido de que el Gobierno sería bien duro frente a este hecho.
Incluso, la nota de protesta emitida a través del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, parece ser una clara señal de que esto no pasará de una simple queja, con muy poca esperanza de encontrar alguna respuesta satisfactoria de parte del vecino país.
Según sus propias declaraciones, existen pocas posibilidades de que el gobierno haitiano pueda controlar las acciones de sus fuerzas de seguridad, dada la crisis humanitaria y de seguridad que vive ese país. Es decir, hay muy poco o nada que hacer, y que este hecho se quedará así.
En efecto, las autoridades haitianas atribuyeron el hecho a una supuesta operación de agentes policiales de su país en la comunidad de Ferrier, al norte de Haití, donde alegadamente destruyeron un mercado ilegal operado por dominicanos.
Esta versión fue rechazada por las autoridades dominicanas, quienes sostuvieron que el hecho se produjo en La Vigía, de Dajabón, y mostraron varios videos que circulaban en las redes sociales, donde se observaba a los supuestos policías haitianos destruyendo las mercancías de los comerciantes dominicanos.
Pudiéramos admitir que las autoridades erraron al considerar que la zanja artesanal, que los haitianos llaman canal, no desviaría las aguas del río Masacre, dando pie a que se hiciera esta obra, que ha provocado un conflicto cuyo desenlace es aún incierto.
También, que la respuesta del Gobierno, al cerrar la frontera terrestre y aérea, prohibir la actividad comercial entre ambos países y cancelar la entrega de visados a los haitianos, fue una medida exagerada, que a la postre ha hecho daños incalculables a los comerciantes y productores, que han perdido pérdidas cuantiosas.
Además, que al Gobierno se le fe la mano, al emplazar en la frontera todo un ejército, con armamentos de todo tipo, como si el país estuviera en guerra contra un poderoso enemigo.
Pero quedarnos de brazos cruzados ante un atentado grosero a la soberanía del país, sin que se produjera una respuesta de parte de nuestros soldados que guardan nuestra frontera, siempre será una actitud decepcionante, inadmisible e imperdonable.
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