La violencia que se desató la noche del miércoles 9 de septiembre en Bogotá fue la consecuencia de muchos malestares acumulados por años entre la ciudadanía y la policía, los cuales tuvieron en el asesinato de Javier Ordóñez la mecha que prendió el incendio.
Las manifestaciones empezaron cerca de las seis de la tarde y se extendieron hasta altas horas de la madruga, convirtiendo a la ciudad y su área metropolitana en un verdaderocampo de batalla que dejó como saldo, según cifras oficiales, siete muertos -todos civiles- y 140 personas heridas, 87 policías y 53 civiles.
La ciudad, y el país entero, se había despertado este miércoles con el video de Ordóñez siendo reducido por dos uniformados, los que a pesar de sus gritos de “por favor ya no más” siguieron electrocutándolo con su pistola taser hasta dejarlo inconsciente.
Aunque el video muestra el claro uso indebido de la fuerza y de esta arma “no letal” por parte de la policía, sobre el caso se ciñe una gran incógnita: ¿qué pasó en la estación de policía de Villa Luz?
Testimonios de los amigos de Javier Ordóñez que estaban con él la noche en que fue asesinado aseguran que al abogado lo trasladaron vivo al CAI de la Policía y allí lo “molieron a golpes”.
Otra persona, amigo también de Ordóñez, también fue trasladado y golpeado en ese CAI, según los testimonios, por estar grabando la agresión contra su amigo.
El detalle no es menor, pues aún no se conoce un dictamen forense ni el informe oficial de la Policía que esclarezca las causas de la muerte de Ordóñez, haciendo que el manto de duda por el grado de abuso que pudo haber sufrido en el CAI de Villa Luz se mantiene.
Por eso las protestas de ayer se dirigieron en especial contra lo CAI o estaciones de policía en los barrios de la capital.
En total fueron afectados 52 instalaciones de policía: 49 en Bogotá y 3 en Soacha. A 22 los manifestantes les prendieron fuego.
Un ataque simbólico
La quema de los CAI de Policía en Bogotá no fue gratuita, fue simbólica. Por años en la capital estas estaciones se han convertido en el epicentro de denuncias por abusos, maltratos, golpizas, e incluso violaciones a mujeres. La gran mayoría de estos casos hoy permanecen impunes.
A finales de marzo de este año, por ejemplo, una mujer denunció una detención arbitraria por parte de la Policía, la cual terminó en un traslado al CAI de Bosa Laureles en Bogotá, allí según relató, los uniformados la desnudaron, abusaron de ella y la robaron. Esta fue una de las estaciones quemadas en las protestas de ayer.
En el CAI Codito de Usaquén, que también ardió en la noche del jueves, se produjo en el 2016 un hecho viralizado en las redes sociales, la tortura a un joven detenido con el que los policías incluso jugaron a la ruleta rusa.
En otro de los CAI quemados, en Soledad, también hay denuncias por tortura y abuso sexual a dos defensores de derechos humanos de los colectivos Juventud en Marcha y la Coordinadora Antifascista en Bogotá.
En el CAI La Gaitama de la localidad de Suba, en 2017 también se habían producido denuncias por abusos y torturas de policías a un joven que fue detenido.
Todo lo anterior explica en parte por qué la violencia de los manifestantes se concentró en las estaciones de policía, y suma a un descontento creciente ya había tenido un pico muy alto en noviembre pasado, cuando durante el segundo día de protestas en el marco del Paro Nacional, un miembro del ESMAD -policía antidisturbios- disparó con un fusil de peringones, otra arma calificada como “no letal”, a la cabeza de Dilan Cruz, causándole la muerte.
Dilan se convirtió entonces en el símbolo de unas protestas inéditas en Colombia que se mantuvieron por el transcurso de un mes y que amenazaban con regresar fortalecidas a principio de año, pues las razones que llevaron a los ciudadanos a las calles en vez de mercar se exacerbaron.
Sin embargo, cayó la pandemia del coronavirus y se decretó en todo el país un confinamiento que bajó los ánimos y desarticuló el incipiente movimiento social que empezaba a consolidarse.
656 víctima civiles de la Policía en tres años
Los asesinatos a Dilan Cruz y a Javier Ordóñez no son hechos aislados, de acuerdo con la propia Alcaldía de Bogotá tan solo en lo que va del 2020 se han recibido 137 denuncias por presunto uso excesivo de la fuerza y violaciones de los derechos humanos por parte de la Policía.
Pero la situación es mucho más grave. El último informe del Monitor de Fuerza Letal -que recopila datos sobre el actuar de las fuerzas militares y policiales de México, Brasil, El Salvador, Venezuela y Colombia- señala que entre 2015 y 2017 hubo 568 casos de presuntos homicidios a civiles cometidos por la Fuerza Pública.
Así mismo, la ONG Temblores, que se encarga de hacerle seguimiento a casos de abuso policial en toda Latinoamérica, afirma que en Colombia entre 2017 y 2019 han muerto 639 civiles por acción de la policía.
En el transcurso de 2020, y sin contar las siete muertes en las protestas de este miércoles, se habían registrado 10 personas asesinadas. La última de estas víctimas fue Javier Ordóñez.
Las otras víctimas de la policía en 2020 fueron:
Jaider Bochero, de 17 años, el 23 de abril en Codazi (Cesar); Janner García, de 22 años, el 7 de junio en Puerto Tejada (Cauca); Estela Valencia, de 50 años, el 7 de junio en Buenaventura (Valle del Cauca); Harold Payares, de 17 años, el 24 de agosto en Cartagena. Todos asesinados con arma de fuego.
Además una persona de 21 años de la cual no ha sido registrado aún el nombre fue asesinada el 2 de mayo en Cali.
Por un disparo del ESMAD, como en el caso de Dilan Cruz, murió el 25 de junio en Soacha (Cundinamarca) Duván Álvarez, de 15 años. Además, están los casos de Ángel Arévalo, de 23 años, que murió a golpes el 20 de julio en Cumbal (Nariño) y otro icónico, la muerte a bolillazos de Anderson Arboleda, de 21 años, asesinado a bolillazos el 28 de mayo en Puerto Tejada (Cauca). Información Infobae
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