Nueva cúpula de la Procuraduría enfrenta retos de legitimidad y transparencia en Honduras

 

Tegucigalpa. – El inicio del período parlamentario 2026-2030 marca un nuevo capítulo para la Procuraduría General de la República, cuya renovada cúpula asume funciones en un contexto de altas exigencias ciudadanas por mayor transparencia, eficacia institucional y una defensa rigurosa del patrimonio público.

El nuevo liderazgo llega con el desafío inmediato de atender múltiples litigios heredados de administraciones anteriores, al tiempo que debe fortalecer la institucionalidad del organismo en un escenario político marcado por controversias legales y fiscales de alto impacto para el Estado.

El proceso de nombramiento, impulsado desde el bipartidismo dominante, dejó en evidencia tensiones persistentes dentro del Congreso Nacional. En la sesión plenaria del lunes 2 de febrero, celebrada con una mayoría integrada por el Partido Nacional y el Partido Liberal, la fórmula Dagoberto Aspra – José Francisco Quiroz obtuvo más de 90 votos favorables, alcanzando así una mayoría calificada.

No obstante, la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) se excluyó del acuerdo, denunciando que no recibió a tiempo la documentación correspondiente a los candidatos, objeción planteada antes de la votación y que anticipa un debate prolongado sobre los procedimientos y la transparencia en los nombramientos de alto nivel del Estado.

En este contexto, organizaciones de la sociedad civil como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) exigieron públicamente que la selección respondiera a criterios de idoneidad, independencia y competencia profesional. A su vez, Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), expresó su expectativa de que la llegada de Aspra represente “una apertura histórica” en la defensa y recuperación de bienes públicos malversados en gestiones pasadas.

Las declaraciones de los propios nominados reflejan la magnitud de los retos que enfrentan. Dagoberto Aspra describió el escenario de la Procuraduría como una verdadera “zona de guerra” legal, al señalar que el Estado arrastra compromisos financieros superiores a 1,200 millones de lempiras en daños ya liquidados, además de 700 millones de lempiras en litigios aún pendientes, derivados principalmente de demandas laborales y embargos.

Entre sus prioridades, Aspra destacó el fortalecimiento de la defensa del patrimonio estatal y la intensificación de acciones legales contra exfuncionarios responsables de perjuicios al erario.

Por su parte, el nuevo Subprocurador José Francisco Quiroz, con experiencia previa en la administración judicial como exmiembro del desaparecido Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, anunció que su gestión estará centrada en la transparencia interna, comenzando con una auditoría forense integral de los procesos administrativos recientes del organismo.

La historia reciente de la Procuraduría General condiciona las expectativas sobre esta nueva etapa. En legislaturas anteriores, el propio Congreso fue objeto de críticas por designaciones consideradas irregulares y realizadas fuera de los plazos establecidos en el artículo 229 de la Constitución de la República, antecedentes que refuerzan el llamado de analistas a respetar los más altos estándares legales y éticos.

El nombramiento de Aspra y Quiroz se produce bajo el Gobierno Central de Nasry Asfura y en el arranque de una nueva legislatura, en un contexto donde la institucionalidad y la independencia profesional se perfilan como elementos clave para recuperar la credibilidad de la Procuraduría frente a demandas y arbitrajes tanto nacionales como internacionales.

Con su juramentación, la atención de la sociedad civil y de los actores políticos queda puesta en los resultados concretosque logre el nuevo liderazgo en la tutela efectiva de los intereses del Estado hondureño.