EE. UU. advierte a inversionistas sobre mayor riesgo político y económico en Nicaragua

WASHINGTON.- Estados Unidos elevó sus advertencias a los inversionistas extranjeros sobre los riesgos de hacer negocios en Nicaragua y describió un escenario marcado por un mayor control político de la economía, confiscaciones de propiedades, presión fiscal y ventajas para empresas chinas.

La advertencia aparece en el informe 2026 Investment Climate Statements: Nicaragua, divulgado por el Departamento de Estado, que recomienda a los inversionistas actuar con “extrema cautela” y advierte que no deben esperar un Estado de derecho ni un ambiente empresarial predecible en el país.

El documento fue elaborado por la Oficina de Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales y coloca los riesgos políticos e institucionales en el centro de su evaluación, pese a reconocer que Nicaragua mantiene algunos indicadores macroeconómicos positivos.

Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de Nicaragua. En 2025 representó alrededor del 20 % de las importaciones y recibió el 38 % de las exportaciones nicaragüenses. Además, más del 80 % de las remesas que recibe Nicaragua provienen de Estados Unidos y, desde 2022, esos recursos se han convertido en uno de los principales motores de la economía.

Mayor control político sobre los negocios

Según el Departamento de Estado, las relaciones personales con funcionarios del régimen se han vuelto determinantes para hacer negocios en Nicaragua y prácticamente todas las decisiones económicas importantes requieren aprobación de la Presidencia.

El informe también señala un aumento de las auditorías fiscales, multas arbitrarias y obligaciones tributarias infladas, elementos que, de acuerdo con Washington, incrementan la incertidumbre para los inversionistas.

Para el economista y opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro, el lenguaje utilizado por Estados Unidos representa un endurecimiento respecto al informe anterior.

“El reporte del 2026 cambia de un lenguaje formal del año pasado a aseveraciones directas de cómo el régimen ha movido negativamente el riesgo país”, señaló Chamorro al analizar el documento.

A su juicio, el informe llama a los inversionistas extranjeros a ser “extremadamente cautelosos” y profundiza en las transformaciones registradas durante el último año.

Nueva ley amplía supervisión sobre capital extranjero

Entre los cambios señalados figura la nueva Ley de Inversión Extranjera, aprobada en febrero de 2025, que creó la Comisión Nacional de Inversión Extranjera (CNIE), encargada de supervisar y regular el capital extranjero.

La normativa obliga a los inversionistas a registrarse y presentar informes trimestrales e información estadística a las autoridades.

El Departamento de Estado considera que este esquema amplía el control y la vigilancia estatal sobre las inversiones. Chamorro también considera relevante la modificación y sostiene que el registro obligatorio constituye un mecanismo adicional de control político.

El informe describe, además, instituciones regulatorias con independencia limitada y reglas que, según Estados Unidos, no se aplican de manera transparente.

El Departamento de Estado afirma que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo controla directamente sectores económicos para favorecer a sus aliados y que las autoridades reguladoras pueden actuar de manera arbitraria.

A esto se suma el debilitamiento de organizaciones empresariales independientes. En 2023 fueron canceladas y confiscadas 19 cámaras empresariales y, en agosto de 2024, otras 151, entre ellas la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham).

Estados Unidos describe el sistema nicaragüense como “altamente centralizado y autoritario” y recuerda que la reforma constitucional ratificada el 30 de enero de 2025 estableció la copresidencia de Rosario Murillo y profundizó, según el informe, la subordinación de las instituciones al Poder Ejecutivo.

Confiscaciones aumentan la incertidumbre

El informe también cuestiona el historial de expropiaciones en Nicaragua y señala que se han producido confiscaciones sin debido proceso.

Según el Departamento de Estado, el régimen utiliza a la Procuraduría General de Justicia para dar una apariencia de legalidad a estas acciones.

Asimismo, destaca una ley aprobada el 5 de agosto de 2025 que permitió al Estado asumir el control de territorios ubicados hasta 15 kilómetros de las fronteras terrestres del país.

Entre 2020 y abril de 2026, el régimen transfirió mediante decretos presidenciales al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) 110 propiedades confiscadas a opositores.

Otros bienes pertenecientes a dirigentes opositores, agrega el docume