Ciudad de Panamá.– El Gobierno de Panamá estima que la aplicación efectiva del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS) a determinadas operaciones realizadas mediante plataformas digitales podría generar más de US$100 millones adicionales al año.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, calificó la proyección como “muy conservadora” y explicó que fue elaborada tomando en cuenta, incluso, información de empresas del sector que han manifestado disposición a cumplir con las obligaciones tributarias establecidas en Panamá.
La propuesta está contenida en el proyecto de ley 30-26, aprobado por el Consejo de Gabinete y remitido a la Asamblea Nacional. La iniciativa plantea modificar disposiciones del Código Fiscal para establecer mecanismos que permitan aplicar el ITBMS a determinadas operaciones de la economía digital.
Entre las actividades que podrían quedar alcanzadas figuran servicios contratados mediante plataformas digitales, compras por internet y hospedajes gestionados en línea, siempre que los bienes o servicios sean utilizados, consumidos o aprovechados en territorio panameño.
Gobierno dice que no se trata de un nuevo impuesto
Chapman aseguró que el Ejecutivo no está creando una nueva categoría tributaria, sino estableciendo mecanismos para hacer efectivo un impuesto que, según explicó, ya corresponde cuando un bien o servicio es consumido en Panamá.
Para determinar cuándo una operación digital tiene vínculo con el territorio panameño, el proyecto contempla distintos indicadores, entre ellos:
Ubicación de la cuenta bancaria o instrumento utilizado para pagar.
Dirección de facturación.
Dirección IP.
Código de país de la tarjeta SIM.
Estos elementos permitirían establecer dónde se utiliza o consume el producto o servicio.
La tarifa general del ITBMS es actualmente de 7 %, mientras que determinadas actividades, como el hospedaje, están sujetas a una tasa de 10 %. Algunos productos y servicios, entre ellos alimentos, medicamentos, servicios médicos y útiles escolares básicos, permanecen exentos o fuera de la aplicación ordinaria del impuesto.
Netflix, Airbnb y compras internacionales
El ministro utilizó como ejemplo la adquisición de software. Explicó que anteriormente un consumidor que compraba un programa físicamente en un establecimiento pagaba el impuesto, mientras que una adquisición equivalente realizada posteriormente por internet podía no generar la misma recaudación efectiva.
La propuesta también contempla servicios digitales de entretenimiento y suscripciones. Chapman mencionó a Netflix como ejemplo de una empresa que tendría que emitir factura por las operaciones realizadas con consumidores panameños.
El Gobierno también pretende aplicar el mismo principio a los servicios de hospedaje contratados mediante plataformas como Airbnb, con el argumento de que los hoteles tradicionales ya cumplen con las obligaciones tributarias correspondientes.
Asimismo, la medida podría alcanzar determinadas compras realizadas a través de plataformas internacionales como Amazon, Temu, AliExpress y Shein, cuando los bienes sean destinados a ser utilizados o consumidos en Panamá y se cumplan las condiciones previstas en la reforma.
Facturas digitales podrían entrar a la Lotería Fiscal
Las facturas electrónicas emitidas por estas operaciones podrían incorporarse posteriormente al sistema de Lotería Fiscal, permitiendo que los consumidores utilicen sus comprobantes para participar en los sorteos impulsados por la administración tributaria.
La Dirección General de Ingresos ha vinculado este mecanismo con el objetivo de incentivar que los consumidores soliciten sus facturas.
Según datos citados en la propuesta, la recaudación mensual promedio por ITBMS Ventas alcanzó US$93.9 millones entre enero y junio de 2026, frente a US$82.9 millones mensuales entre enero y julio de 2025.
La reforma genera críticas
La iniciativa también ha provocado cuestionamientos en redes sociales. Algunos usuarios consideran que la medida representa un nuevo costo para los consumidores, mientras otros cuestionan que un aumento de la recaudación no necesariamente se traduzca en mejores servicios públicos.
Parte de las críticas se ha dirigido además hacia los beneficios y exoneraciones de determinados sectores políticos, incluyendo cuestionamientos relacionados con vehículos, combustible y otros gastos vinculados al ejercicio de funciones públicas.
También han surgido comentarios sobre los salarios y gastos asociados a funcionarios panameños destinados en el exterior.
El Gobierno, por su parte, sostiene que la reforma responde a una transformación del consumo: una proporción cada vez mayor de las compras y servicios se realiza mediante plataformas digitales internacionales, lo que, a juicio del Ejecutivo, hace necesario actualizar los mecanismos de recaudación y equiparar el tratamiento tributario entre los comercios físicos y sus equivalentes digitales.
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