Tegucigalpa, Honduras. – La violencia contra las mujeres continúa siendo una de las principales problemáticas sociales en Honduras. Según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en lo que va de 2026 se han registrado 121 femicidios y otros tres casos permanecen bajo investigación para determinar su clasificación.
La directora del observatorio, Migdonia Ayestas, señaló que estos crímenes no pueden analizarse únicamente desde una perspectiva criminal, ya que responden a estructuras históricas de desigualdad, discriminación y relaciones de poder arraigadas en la sociedad.
“Detrás de cada femicidio existen patrones culturales vinculados al control, la dominación y la subordinación de las mujeres. El cuerpo de las mujeres es visto como un territorio que se quiere controlar. Es un mensaje de poder que refleja una estructura de violencia mucho más amplia”, expresó Ayestas.
La especialista explicó que la violencia de género se alimenta de normas sociales que limitan la autonomía de las mujeres y refuerzan prácticas machistas que se reproducen desde edades tempranas. Indicó además que los agresores suelen utilizar la violencia como una herramienta para imponer autoridad y control, no solo sobre las víctimas, sino también sobre su entorno social.
Ayestas destacó que los femicidios representan la manifestación más extrema de esta problemática y que, en muchos casos, son precedidos por amenazas, violencia psicológica, agresiones físicas, control económico y otras formas de abuso que permanecen invisibilizadas.
La directora del observatorio advirtió que la respuesta al problema debe ir más allá del endurecimiento de las penas. En su opinión, es necesario fortalecer las instituciones encargadas de investigar estos delitos, garantizar recursos suficientes para la atención de víctimas y mejorar la capacidad de respuesta del sistema de justicia.
“De nada sirven las leyes si no existen recursos para aplicarlas. Se necesitan jueces capacitados, investigación criminal científica, presencia institucional y una respuesta efectiva del Estado”, afirmó.
Asimismo, resaltó la importancia de impulsar estrategias preventivas desde el sistema educativo para desmontar patrones culturales de violencia y discriminación, así como promover modelos de convivencia basados en el respeto y la igualdad.
Ayestas también subrayó la necesidad de involucrar a los hombres en los procesos de transformación social y fomentar relaciones libres de violencia, construidas sobre la empatía y la resolución pacífica de conflictos.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han reiterado que la impunidad continúa siendo uno de los principales desafíos en Honduras. Aunque se han logrado avances legislativos e institucionales, persisten dificultades relacionadas con la investigación de los casos, el acceso a la justicia y la protección efectiva de las víctimas.
El Observatorio de la Violencia insistió en que la lucha contra los femicidios requiere una respuesta integral que combine prevención, educación, fortalecimiento institucional y un firme compromiso social para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres hondureñas.
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