San José – La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica acordó este martes solicitar formalmente a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero del presidente Rodrigo Chaves para que pueda ser investigado penalmente por presunta corrupción en el manejo de fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La solicitud también incluye al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, involucrado en la misma acusación presentada por la Fiscalía General de la República.
La decisión fue adoptada durante una sesión extraordinaria y privada del máximo tribunal, con una votación de 15 magistrados a favor y 7 en contra. La Corte considera procedente remitir al Congreso la solicitud de levantamiento del fuero de improcedibilidad que protege al presidente, con el objetivo de que enfrente una investigación formal por el presunto delito de concusión.
Según la acusación fiscal, presentada en abril, los hechos se relacionan con la asignación irregular de 32.000 dólares provenientes de fondos del BCIE a un asesor de la Presidencia. El dinero habría sido canalizado a través de un contrato otorgado a la empresa RMC La Productora S.A., contratada para prestar servicios de comunicación y estrategia para la Presidencia de la República durante el período 2022-2026, con un presupuesto total de 405.000 dólares.
El delito de concusión, tipificado en el Código Penal costarricense, se refiere al abuso de poder para desviar recursos públicos en beneficio de un tercero y conlleva penas de hasta ocho años de prisión. Además de este caso, la Fiscalía investiga posibles delitos relacionados con el financiamiento electoral de la campaña presidencial que llevó a Chaves al poder.
La decisión de la Corte es inédita en la historia reciente del país, ya que nunca antes se había solicitado levantar el fuero a un presidente en ejercicio por un caso de corrupción. Ahora será responsabilidad de la Asamblea Legislativa, de mayoría opositora, decidir mediante una votación calificada si procede autorizar el levantamiento del fuero a Chaves y Rodríguez. Aún no se ha fijado una fecha para dicha deliberación.
Diversos sectores nacionales e internacionales seguirán de cerca el desarrollo del proceso, debido al impacto institucional y político que podría generar. Tanto la Corte Suprema como la Fiscalía han subrayado la independencia de sus actuaciones en este caso.
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