Washington D.C.– La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo histórico que limita significativamente el uso de medidas cautelares universales por parte de los jueces federales para suspender acciones del Poder Ejecutivo. Con una votación de 6 a 3, la mayoría conservadora del tribunal resolvió que los tribunales no tienen autoridad para emitir órdenes judiciales que bloqueen de forma general las políticas federales, restringiendo su aplicación únicamente a los demandantes específicos de cada caso.
El caso surgió a raíz de una orden ejecutiva del expresidente Donald Trump, que buscaba negar la ciudadanía automática a hijos nacidos en suelo estadounidense de padres indocumentados o con estatus temporal. Aunque tribunales en Maryland, Massachusetts y New Hampshire habían bloqueado su aplicación a nivel nacional, el máximo tribunal concluyó que tales medidas cautelares exceden el alcance legal de los jueces federales.
La jueza Amy Coney Barrett, en representación de la mayoría, señaló que el uso de medidas cautelares universales no tiene precedentes en la tradición legal del país y reafirmó que la función de los tribunales es proteger los derechos de quienes presentan una demanda, no intervenir en políticas nacionales en su conjunto.
El fallo no se pronuncia sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva en sí, sino que limita la forma en que puede ser judicialmente impugnada. La Corte concedió un plazo de 30 días antes de que la medida entre en vigor, lo que permite la presentación de nuevos recursos.
El expresidente Trump celebró el veredicto como una victoria para su administración y el sistema judicial, destacando su implicación en la política migratoria y la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución. Felicitó públicamente a su equipo legal y al Departamento de Justicia.
En desacuerdo con la decisión, las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson expresaron preocupación por las consecuencias del fallo, al considerar que limita el acceso efectivo a remedios judiciales para grupos amplios de ciudadanos.
El fallo podría provocar un aumento de litigios simultáneos en distintas jurisdicciones y un mayor uso de demandas colectivas o amparos específicos como herramientas de impugnación. También abre nuevas posibilidades para que gobiernos estatales puedan obtener decisiones con efectos más amplios.
La decisión de la Corte Suprema redefine el alcance de los recursos judiciales disponibles contra políticas federales, lo que tendrá profundas implicaciones en futuras disputas entre el Poder Ejecutivo y la ciudadanía.
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