Caracas, Venezuela.– El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó este martes la detención del abogado y activista Eduardo Torres, quien es señalado de estar vinculado a una supuesta trama para generar actos violentos durante las elecciones regionales y legislativas previstas para el 25 de mayo. La información se dio a conocer tres días después de que la ONG Provea denunciara la desaparición del defensor de derechos humanos, de quien se desconocía su paradero desde el viernes pasado.
Según una publicación del Ministerio Público en la red social Instagram, Torres habría operado a través de una estructura denominada Nodos de Formación Ciudadana, la cual, presuntamente financiada por agentes extranjeros, utilizaba talleres de formación como fachada para incitar a la violencia. De acuerdo con Saab, estos talleres promovían la destrucción de centros electorales y difundían mensajes hostiles contra instituciones del Estado.
El fiscal agregó que Torres difundía estos mensajes en redes sociales y que hay otras personas involucradas en la misma causa que ya han sido identificadas y solicitadas por las autoridades judiciales. El abogado fue presentado ante los tribunales dentro de los plazos establecidos por la ley y se le dictó prisión preventiva por los presuntos delitos de conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir. No obstante, las autoridades no revelaron el lugar donde se encuentra recluido.
La confirmación oficial se produjo luego de que la ONG Provea, organización en la que Torres colabora, solicitara públicamente que se informara sobre su paradero, denunciando que se encontraba desaparecido desde el viernes. Oscar Murillo, coordinador de la organización, indicó que habían transcurrido más de 90 horas sin conocer la ubicación del abogado y destacó que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU también había exigido respuestas al Estado venezolano.
Murillo subrayó que este caso no es aislado, sino parte de una tendencia preocupante de represión y persecución política. En respuesta a la situación, Provea introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de habeas corpus, argumentando que Torres estaría siendo víctima de una desaparición forzada.
El caso ha encendido las alarmas de organizaciones de derechos humanos, tanto dentro como fuera del país, que llaman a garantizar el debido proceso y el respeto a las garantías fundamentales.

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