La Paz, enero de 2025. La Justicia boliviana declaró en rebeldía al ex presidente Evo Morales (2006-2019) tras su inasistencia por segunda vez a la audiencia de medidas cautelares por el proceso en el que se le acusa del delito de trata de personas.
El juez Nelson Rocabado, del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, ordenó su arraigo, el congelamiento de sus cuentas bancarias, la anotación de sus bienes y la emisión de una nueva orden de aprehensión. La decisión se tomó después de más de cuatro horas de audiencia. Ante esta medida, la defensa de Morales anunció que presentará una acción de libertad, alegando irregularidades en el proceso.
Jorge Pérez, abogado de Morales y ex ministro, afirmó que su defendido es víctima de persecución política y que nunca fue notificado formalmente. “Es ilegal el mandamiento de aprehensión y la imputación formal. A él nunca lo notificaron. Que prueben que el Ministerio Público llegó a su domicilio”, declaró Pérez.
La audiencia fue suspendida previamente debido a un certificado médico presentado por la defensa, que alegaba problemas de salud. Sin embargo, el juez solicitó una valoración médica del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), la cual no fue presentada.
La situación generó tensión en los alrededores del Palacio de Justicia de Tarija, donde simpatizantes y detractores de Morales protagonizaron enfrentamientos verbales. Seguidores del ex mandatario exigían respeto a la presunción de inocencia, mientras opositores exigían justicia para la presunta víctima.
Morales enfrenta cargos por trata de personas y estupro. Según la Fiscalía, en 2016 habría tenido una hija con una adolescente de 15 años, registrada dos años después en Yacuiba. La partida de nacimiento es considerada prueba clave en el proceso. Además, los padres de la presunta víctima también están implicados: el padre permanece en prisión preventiva y la madre fue declarada en rebeldía.
El caso se desarrolla en medio de las tensiones internas del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido liderado por Morales y el actual presidente Luis Arce, en la disputa por el control político. Analistas advierten que este proceso podría afectar el futuro político del ex presidente, aunque no sería el capítulo final de esta pugna.
Morales y su entorno han negado cualquier delito, acusando al Gobierno de utilizar el caso para debilitar su liderazgo político.
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