Ordenan Captura Internacional de Daniel Ortega y Rosario Murillo por Crímenes de Lesa Humanidad

 

Buenos Aires, Argentina - El juez federal Ariel Lijo emitió una orden de declaración indagatoria y captura internacional contra el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo. Ambos son señalados por presuntas violaciones graves a los derechos humanos, en un caso que también involucra a otros altos funcionarios del régimen nicaragüense. La causa fue presentada en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal.

La denuncia, encabezada por el abogado Darío Richarte junto a un equipo de la Universidad de Buenos Aires, se presentó originalmente en agosto de 2022. El expediente acusa a Ortega, Murillo y otros de cometer crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, persecuciones políticas y desplazamientos forzados desde abril de 2018.

Richarte calificó la resolución como un “hito en la justicia universal” y destacó el esfuerzo de más de dos años para recopilar testimonios, pruebas y documentos con apoyo de organismos internacionales. “Es un paso clave hacia la justicia y la visibilización de las atrocidades cometidas en Nicaragua”, afirmó.

La justicia argentina fundamenta su competencia en el principio de jurisdicción universal, que permite juzgar delitos graves como los crímenes de lesa humanidad sin importar dónde se hayan cometido. La medida fue avalada por el fiscal Eduardo Taiano y respaldada por testimonios de víctimas, documentos reservados, informes internacionales y artículos periodísticos que corroboran las denuncias.

El fallo marca un precedente en la justicia penal internacional, buscando no solo avanzar hacia la justicia para las víctimas, sino también reforzar la presión global contra el régimen nicaragüense. Según Richarte, esta decisión busca “aislar a los dictadores y comprometer a la comunidad internacional en la defensa de la democracia”.

El pedido de captura internacional de Ortega y Murillo representa un desafío diplomático para el régimen de Nicaragua y aumenta la presión sobre organismos multilaterales y gobiernos de la región para tomar acciones concretas. La causa sigue abierta, y los denunciantes esperan que este fallo contribuya a la restauración de la democracia y a la reparación de las víctimas.

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