Ante los disturbios provocados tras la aprehensión del ex mandatario, en los que murieron seis personas, el Ejecutivo ordenó reforzar la seguridad en la capital Islamabad y en otras zonas del país
El ex primer ministro de Pakistán Imran Khan fue puesto en detención provisional por un caso de corrupción, al día siguiente de su inesperado arresto, que desató violentas protestas en todo el país.
“El tribunal aprobó la puesta en detención provisional de Imran Khan durante ocho días”, declaró a la agencia de noticias AFP Ali Bukhari, un abogado de Khan, tras la audiencia a puerta cerrada.
Violentos enfrentamientos estallaron entre los partidarios del Pakistán Tehreek-e-Insaf (PTI, Partido Pakistaní por la Justicia), de Khan, y las fuerzas de seguridad, tras el anuncio el martes del arresto del ex gobernante por un caso de corrupción.
Al menos seis personas murieron en los incidentes, informaron el miércoles fuentes policiales y médicas.
El gobierno dio luz verde al despliegue de soldados en tres provincias, entre ellas la de la capital, Islamabad, y la de Punyab, la más poblada, donde unos 1.000 manifestantes fueron detenidos y 130 policías resultaron heridos desde el inicio de los disturbios.
Los manifestantes incendiaron la residencia del mando militar en Lahore (este) y bloquearon el acceso del cuartel general del ejército en Rawalpindi, cerca de Islamabad.
El ejército amenazó con lanzar una “fuerte reacción” a los que ataquen las instalaciones militares y del Estado.
La Policía de Islamabad ha confirmado que “el Ejército ha sido llamado a la ciudad” y ha adelantado que numerosas tropas estaban ya “llegando a diferentes lugares” de la capital paquistaní.
“Se pide a todos aquellos que están difundiendo incitaciones que se detengan. Se ruega a mujeres y niños no viajar innecesariamente”, señalaron las fuerzas de seguridad capitalinas en su perfil oficial de la red social Twitter.
Desde el estallido de las protestas el martes, las potencias occidentales llamaron a la calma.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó el miércoles a las autoridades a “respetar” los procedimientos y el Estado de derecho en el caso del ex gobernante, y pidió a “todas las partes abstenerse de la violencia”.
En Washington, los jefes de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, y del Reino Unido, James Cleverly, pidieron que se respete “el Estado de derecho” en el país.
La detención de Khan se produjo tras meses de crisis política y después de que la ex estrella del críquet acusara a los militares -que tienen un gran poder en el país- de haber estado implicados en un complot para asesinarlo.
Según Sher Afzal Marwat, abogado del partido del PTI, Khan está “de buen humor”, pero las fuerzas paramilitares que lo detuvieron lo golpearon en la parte trasera de la cabeza y en una pierna.
El arresto de Imran Khan “se hizo de conformidad con la ley”, declaró el ministro del Interior, Rana Sanaullah.
La detención estuvo a cargo del principal órgano de lucha contra la corrupción, el National Accountability Bureu (NAB), “un organismo independiente que no es controlado por el gobierno”, sostuvo el ministro.
En Peshawar, una multitud destruyó el monumento Chaghi, una escultura en forma de montaña que recuerda el sitio de la primera prueba nuclear de Pakistán.
“Si creen que la detención de Imran Khan nos desmoralizará, se equivocan del todo”, declaró uno de sus partidarios, Niaz Ali, en Peshawar. “Estamos al lado de Imran Khan y lo apoyaremos hasta la muerte”, prosiguió.
Las autoridades ordenaron el cierre de las escuelas a nivel nacional y restringieron el acceso a las redes sociales.
El partido PTI había llamado a sus partidarios a salir a las calles, pero la policía advirtió que hay una ordenanza en vigor que prohíbe las concentraciones de más de cuatro personas y que la aplicarían de forma estricta.
Khan fue cesado en octubre de 2022 a través de una moción de censura en el Parlamento, aprobada después de que el Tribunal Supremo revocara la decisión del entonces primer ministro de disolver el Parlamento y anunciara elecciones anticipadas tras la negativa de la Presidencia del órgano legislativo a celebrar la votación en primera instancia.
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