Las autoridades también identificaron a los socios de la empresa de seguridad encargados del cuidado de los migrantes
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que hasta el momento se han concedido al menos seis órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables del incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde fallecieron 39 migrantes.
En conferencia de prensa, Sara Irene Herrería Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR, detalló que de las seis órdenes de aprehensión liberadas por un juez, ya se ejecutaron cinco.
Agregó que se analiza la cadena de responsabilidades para determinar las acciones u omisiones y, en su caso, solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes.
“Se concedieron seis órdenes de aprehensión en contra de tres funcionarios del INAM, dos policías de seguridad privada y una persona que inició el incendio, órdenes que se iniciaron por los delitos de homicidio dolos y lesiones”, subrayó la fiscal especializada en materia de DDHH.
Las autoridades mexicanas señalaron que de los 28 personas heridas, todavía permanecen 27 internados, uno ya recibió el alta médica.
En tanto, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad de Protección Ciudadana, dijo que ya se identificó a la empresa de seguridad privada encargada del cuidado de los migrantes. Se trata del Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A de C.V.
“Registrada ante la Dirección General de Seguridad Privada de la SSPC desde el pasado 3 de septiembre del 2020, con una autorización vigente a febrero de 2024, bajo la modalidad de seguridad privada en todo el territorio nacional”, señaló.
Identificaron a socios de la empresa de seguridad privada
La secretaria de Seguridad aseguró que “ya se tienen identificados a los socios: David Vicente Salazar Gasca y George Mcphail, así como a representantes y apoderados legales”. La funcionaria federal apuntó que esta información ya fue proporcionada a la FGR para las investigaciones correspondientes.
Agregó que “de la revisión del expediente derivó una primera irregularidad, ya que la empresa sólo tenía reportados en su registro a cuatro elementos de seguridad con 10 uniformes, sin embargo, el contrato con el Instituto Nacional de Migración era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados de la República”.
La secretaria Rosa Icela precisó que “la empresa de seguridad privada no cuenta con permiso de portación de armas y en los informes mensuales que está obligada a rendir, no reportó altas o bajas del personal”.
Señaló que se dio inicio al proceso administrativo sancionador en contra de la empresa,” para revocarle el permiso e imponerle una multa económica”, esto a pesar de lo que determine la FGR. La funcionaria federal mencionó que ya solicitaron al Instituto Nacional de Migración rescindir el contrato de la empresa de seguridad.
La titular de la SSPC adelantó que elementos del Servicio de Protección Federal asumirán las labores de seguridad en las instalaciones de la estación migratoria de Ciudad Juárez.
“Por instrucción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se iniciará un proceso para lograr la reparación del daño a los familiares de las víctimas. Por tanto, se abrirá un procedimiento en la Secretaría de Gobernación para determinar la ayuda del gobierno mexicano a las familias afectadas, por lo ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez”, acotó la funcionaria.
Activistas solicitan asilo para migrantes sobrevivientes de Ciudad Juárez
A través de una carta entregada a la Secretaría de Gobernación, activistas solicitaron al titular, Adán Augusto López Hernández, que a todos los migrantes que sobrevivieron al incendio en el centro migratorio de Ciudad Juárez, se les otorgue asilo inmediato y protección con el fin de que señalen a los responsables de los hechos ocurridos el pasado 27 de marzo.
Señalaron que es necesario que el gobierno de México esclarezca los hechos a la población y a la comunidad internacional.
“(México) debe ser capaz de dignificar su camino (de los migrantes), de salvaguardar los derechos humanos que deben ser entendidos como universales; es necesario que demuestre que tiene una tradición solidaria, sin importar el estatus migratorio de las personas en su territorio”, se lee en la carta.
Los firmantes son Bryan LeBarón y Adrián LeBarón, de la comunidad LeBarón; Renata Villarreal, de Marea Verde México; Ceci Patricia Flores Armenta, Madres Buscadoras De Sonora; Luis Fernando Reyes Guzmán, representante de Padres de Niños con Cáncer, entre otros.
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