Quito, Ecuador.– Un nuevo documento filtrado relacionado con la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio ha provocado un nuevo giro en uno de los casos más impactantes de la historia reciente del país. Se trata de la declaración de un testigo protegido, rendida ante la Fiscalía, que describe presuntos detalles sobre la planificación del crimen y vincula a operadores del crimen organizado, estructuras logísticas distribuidas en varias ciudades y figuras del correísmo.
La filtración se dio a conocer apenas dos días después de la divulgación de un documento fiscal que ordenaba notificar a cinco personas por su presunta implicación en el caso. Esta vez, fue la abogada del exvicepresidente Jorge Glas, Sonia Vera, quien publicó el testimonio completo a través de la red social X. En su publicación, cuestionó la validez de la declaración y acusó a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, de impulsar un nuevo “falso positivo” en el marco de lo que describió como una persecución política.
En su relato, el testigo asegura haber recibido información directa de uno de los facilitadores logísticos del asesinato, identificando a un sujeto conocido como alias “General” como responsable de planificar el crimen, cuyo objetivo habría sido impedir que Villavicencio llegara a la Presidencia. Se indica que el armamento salió desde Santo Domingo y habría sido gestionado por personas con vínculos con estructuras criminales relacionadas con el empresario Xavier Jordán, procesado en el caso Metástasis y actualmente en Estados Unidos.
El testimonio detalla que el asesinato fue planeado en el hotel Zeus de Riobamba y que alias “Invenger” habría sido el encargado de seguir y grabar a Villavicencio y su equipo. Según el testigo, las armas utilizadas habrían sido suministradas por bandas aliadas que operan en la frontera norte del país. También se menciona que el narcotraficante Leandro Norero, asesinado en 2022, habría financiado parte de la operación, aunque no se presentan pruebas concretas que respalden esta afirmación.
El documento incluye nombres de actores políticos y judiciales como Jorge Glas, José Serrano, Ronny Aleaga, Xavier Jordán y Daniel Salcedo, señalados como parte de una presunta red que ofrecía recursos, protección judicial y cobertura política. Tras la publicación, José Serrano negó cualquier implicación, afirmó no tener contacto con Jorge Glas desde 2017 y calificó las acusaciones como “grotescas”.
La Fiscalía General del Estado advirtió que la divulgación de información reservada constituye un delito según el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal. En un comunicado oficial, la institución denunció que la filtración pone en riesgo la seguridad del testigo y anunció acciones legales contra quien difundió el testimonio.
Desde el entorno de Fernando Villavicencio, la reacción fue de cautela. Amanda Villavicencio, hija del exlegislador, expresó preocupación por el impacto de estas filtraciones en el proceso judicial, pero reconoció que la investigación sobre los autores intelectuales ha mostrado avances. Pidió actuar con valentía para esclarecer los hechos.
A casi diez meses del asesinato ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito, la pregunta sobre quién dio la orden sigue sin respuesta. Mientras la Fiscalía mantiene la investigación bajo reserva y se multiplican las tensiones políticas, el país sigue esperando justicia en medio de acusaciones cruzadas, filtraciones y una creciente presión social.
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