El opositor gobernador de Santa Cruz, quien se encuentra en prisión preventiva desde diciembre, fue el único apuntado por el paro de 36 días que se llevó adelante el año pasado a favor del censo. Los detalles
La Fiscalía Especializada en Delitos Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Tributarios y Aduaneros de La Paz —a cargo de la fiscal Magaly Violeta Bustamante Herbas—, imputó a Luis Fernando Camacho por el paro de 36 días que se llevó adelante el año pasado a favor del censo en Bolivia.
El abogado del gobernador de Santa Cruz, Martín Camacho, confirmó a Infobae que se pidieron seis meses de prisión preventiva para el político opositor y que fue el único apuntado pese a que había otros investigados.
Los delitos que se le imputaron son los de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, atentados contra la seguridad de los servicios públicos y desórdenes o perturbaciones públicas.
“La imputación fue notificada este martes a las 18:00 en el centro penitenciario de Chonchocoro. La audiencia está señalada para el jueves 27 de abril a las 14:00 por el juez Mario Helmer Laura, que es el mismo magistrado del caso ‘Golpe I’”, detalló el letrado a este medio.
Y completó: “Con esta nueva imputación, se está pidiendo la detención del gobernador cruceño por 180 días en el penal de Chonchocoro”.
La denuncia fue interpuesta por el dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto Marcelo Mayta Huanca el pasado 11 de noviembre. A pesar de que los hechos aludidos —el paro de 36 días— ocurrieron en Santa Cruz, el caso radica en La Paz.
Camacho está recluido en el centro penitenciario de Chonchocoro desde el 30 de diciembre del año pasado en el marco del caso “Golpe I”, en el que fue señalado por los supuestos delitos de financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa; así como uso indebido de bienes y servicios públicos.
El próximo domingo se cumplen los cuatro meses de la prisión preventiva dictada en diciembre. Sin embargo, la semana pasada la Fiscalía pidió ampliarla por cuatro meses más. “Al presentar la imputación, están solicitando cuatro meses más de detención por estos supuestos nuevos delitos dentro del mismo caso que ya está detenido”, señaló su abogado a Infobae el sábado pasado. Y subrayó: “Lo que busca el gobierno obviamente es continuar con esta injusta detención agregándole cuatro meses más”.
Luis Fernando Camacho fue el líder de la rebelión boliviana que denunció fraude en los comicios de 2019 en los que venció el ex presidente Evo Morales. Este abogado, de 44 años, con maestría en derecho tributario en la Universitat de Barcelona ganó notoriedad como presidente del Comité Pro-Santa Cruz, un conglomerado de entidades empresariales, vecinales y laborales de la región más rica de Bolivia.
Tras las elecciones del 20 de octubre de 2019, convocó a las primeras protestas para denunciar fraude en las urnas. Las manifestaciones comenzaron en Santa Cruz pero se extendieron rápidamente a otras ciudades del país, incluida La Paz.
Se convirtió en el rostro más visible de la oposición a Morales aunque aún no había sido candidato a la Presidencia. Aliados suyos integraron el gabinete de la ex jefa de Estado interina Jeanine Áñez, entre ellos Jerjes Justiniano, en el influyente cargo de ministro de la Presidencia. Sin embargo, la mandataria lo apartó tres semanas después.
Justiniano había sido clave para alcanzar acuerdos de pacificación con sindicatos de campesinos y obreros leales a Morales, y para concertar una ley con los parlamentarios de izquierda que controlaban el Congreso para convocar a nuevas elecciones generales en 2020.
Al poco tiempo, la ruptura entre Camacho y Áñez quedó sellada cuando ambos lanzaron sus candidaturas para las elecciones de 2020. Ella luego la retiró por carecer de opciones de triunfo. Camacho salió tercero y el vencedor fue Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), hoy en el poder.
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