Fue aplazado para el próximo viernes 30 de abril, el conocimiento de la medida de coerción contra el mayor general Adán B. Cáceres Silvestre, a la pastora Rossy Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Aza, Alejandro Montero y Raúl Alejandro Girón Jiménez, por su vinculación a una red de corrupción denominada “Operación Coral”.
La magistrada Kenya Romero, quien es la jueza coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, tomó la decisión para que la defensa de los acusados conozca a profundidad el expediente instrumentado por el Ministerio Público.
Al grupo apresado el pasado sábado, se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
La solicitud de medidas cautelares sostiene que para lavar dichos activos, los imputados Cáceres Silvestre y Núñez De Aza crearon un entramado societario formado por “las empresas Randa Universo Company EIRL (2012), CSNA Universo Empresarial (2013), Único Real State e Inversiones SRL (2015) y la Asociación Campesina Madre Tierra (2015), esta última con la fachada de una organización sin fines de lucro, las cuales recibían cientos de millones de pesos, a través de depósitos en efectivo, hechos por militares subalternos de los coimputados y luego lo invertían en compras de propiedades inmuebles y vehículos de motor”.
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